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México, DF 22 de Abril 2014.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó a cuatro ministros distintos el estudio de las controversias constitucionales promovidas por la Presidencia de la República en contra de igual número de leyes estatales que violan los principios constitucionales de la Reforma Educativa aprobada el pasado mes de diciembre por el Congreso de la Unión.
Presentadas desde el pasado miércoles, dichas controversias fueron entregadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia en la Oficialía de Partes del Máximo Tribunal del país, pero debido a que se atravesó el periodo vacacional de Semana Santa se encontraban pendientes de turno.
Al reanudarse las labores de la Corte, la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia turnó los expedientes de las controversias constitucionales a cuatro ministros que resolverán por separado si admiten o no a trámite dichas impugnaciones.
La controversia constitucional contra el Congreso y el Gobernador de Michoacán será analizada por el ministro José Fernando Franco González Salas, la de Oaxaca por el Presidente de la Primera Sala de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, la controversia correspondiente a Sonora será respondida por el ministro Alberto Pérez Dayán y la impugnación contra las leyes educativas de Chiapas será revisada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrrea.
Al anunciar dichos recursos legales, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, señaló que la controversia contra las leyes educativas de Oaxaca se debe a que dicha entidad incumplió con su obligación de armonizar las normas locales con la Ley General del Servicio Profesional Docente en un plazo máximo de seis meses.
En lo que se refiere a Chiapas, el Poder Ejecutivo argumentó que las leyes aprobadas a nivel estatal, invaden facultades federales y modifican los contenidos de las leyes generales en la materia, por lo que fueron impugnados ocho artículos de la normatividad estatal.
Entre los artículos combatidos se encuentran la regulación estatal de los alimentos y bebidas que se venden dentro de las escuelas, considerada como una facultad federal, y la participación del sindicato en programas de capacitación magisterial que en la nueva ley están reservados exclusivamente a las autoridades del sector.
La controversia constitucional contra el Congreso y el Gobernador de Sonora impugna en total 27 artículos de las leyes estatales, principalmente por la intervención sindical en los procesos de evaluación magisterial y la separación de los maestros con goce de sueldo cuando sean investigados por incumplir con sus labores docentes.
Por último, en el caso de Michoacán, el Presidente de la República cuestiona que la legislación estatal establezca la aplicación de las normas estatales por encima de las federales, lo que representa una violación a las facultades del Congreso de la Unión y contraviene la federalización de la Reforma Educativa.
